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La restauración monástica en España

I. Aproximación al contexto político y religioso

La restauración monástica que tiene lugar en España a lo largo del siglo XIX es una aplicación concreta de los esquemas de la restauración general que acontece en Europa durante el mismo periodo, pues ésta no es otra cosa que una respuesta, tanto en España como en Francia, Alemania o Italia, a las ideas del liberalismo. Dichas ideas adquieren una fuerza tan notable que en todos los casos surgirán partidarios y detractores de las mismas. Unos y otros van a influir no solamente en los ambientes políticos y sociales sino también en el seno del catolicismo español.

En nuestro país fue enérgica la resistencia contra el liberalismo por parte de los tradicionalistas, tanto carlistas como integristas. El carlismo representó una de las banderas izadas desde el campo católico contra el ordenamiento político y religioso del sistema canovista. El integrismo, identificado con la forma ideológica y la acción militante defendidas por una corriente del catolicismo español de la época, se ocupó de alimentar “la situación de enconamiento de la ya enrarecida convivencia religiosa y la polarización del catolicismo hispano en cuestiones políticas".

Veamos los acontecimientos más señalados de la situación política de España y las medidas eclesiásticas que de ello se siguieron, anticipando que la legislación eclesiástica se acomodaría, en líneas generales, al ritmo que estableciese la política. En efecto, a cada una de las exclaustraciones y desamortizaciones decretadas por los Gobiernos liberales españoles, le seguirán nuevos intentos por normalizar la vida regular en los claustros, aprovechando para esto los períodos de calma política.

La sociedad española se vio profundamente envuelta en los torbellinos de la Revolución Francesa (se contaba más monasterios cistercienses que benedictinos). El 2 de mayo de 1808 comenzaba en Madrid la Guerra de la Independencia por liberar a España del ejército francés. El 18 de julio se rendía Dupont en Bailén al General Castaños. Como reacción ante la derrota sufrida, Napoleón invadía la Península y decretaba en 1809 la supresión de la tercera parte de los conventos. Entronizado en Madrid su hermano José Bonaparte, éste suprimía la Inquisición, expulsaba de los territorios dominados a las Órdenes religiosas y decretaba la confiscación de los bienes eclesiásticos.

La exclaustración de 1809 no iba a durar mucho tiempo, pues seis años después de su destierro en Valancey Fernando VII recupera su trono (mayo de 1814). Este hecho significa a la instauración del “Primer Periodo Absolutista” (1414-1820) y sus correspondientes medidas políticas: Implantación del poder absoluto y abolición de cuentas reformas políticas y administrativas se hubieran puesto en práctica durante su ausencia. Anulado el Decreto de Bonaparte, los religiosos pudieron volver ese mismo año a sus conventos y monasterios. La restauración llevada a cabo por Fernando VII se resentirá de los mismos defectos de la restauración llevada a cabo en otros países europeos. La iglesia recuperaba sus antiguos privilegios, pero esto iba a provocar las iras de las “sociedades secretas”, que triunfarán temporalmente en 1820, obligando a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812. Esta situación apenas perduró un lustro. Durante el periodo del “Trienio Constitucional” (1820-1823), varios Decretos de las Cortes de Cádiz ordenaron la exclaustración de los religiosos regulares y la ocupación de los conventos de frailes.

Los acontecimientos se sucedían con rapidez, de manera que la reacción política que da paso al “Segundo Periodo Absolutista” (1823-1833, “Década Ominosa”) permite que en 1823 los obispos desterrados puedan incorporase a sus sedes y los exclaustrados a sus conventos para reanudar la vida religiosa, todavía sin sospechar que esta circunstancia duraría apuradamente una década.

A la muerte de Fernando VII (29-IX-1833) quedaban abiertas las puertas del poder para aquellos liberales que tanto había combatido. La lucha entre liberales y absolutistas adquiere ahora una nueva dimensión: La de una pugna doctrinal encubierta por un problema dinástico. Las “Guerras Carlistas” ensangrentaron la nación durante cuarenta largos del siglo XIX.

La medida exclaustradora que inicia, según Revuelta González, el proceso de supresión de los conventos es la fecha 26 de marzo de 1834, por la que se suprimen los monasterios y conventos desafectos (aquellos que se habían mostrado carlistas a la muerte de Fernando VII); el 22 de abril se prohibía la admisión de novicios en todos los conventos (la medida se hacia extensiva para las novicias el 18 de agosto). Suprimida la Compañía de Jesús el 4 de julio de 1835, seguirán idéntica suerte aquellos monasterios y conventos que contaban con menos de doce miembros, hasta que, por Decreto de 11 de octubre de 1835, Alvarez Mendizábal determinaba la exclaustración de todos los religiosos apelando al “excesivo número de monasterios”, su “escasa utilidad” para la asistencia de los fieles, el “perjuicio público” que suponía la amortización de las tierras detentadas por ellos, y la conveniencia de una “mayor circulación de bienes”. Algunos meses más tarde (8 de marzo de 1836) es ya un hecho la exclaustración general. Por la ley de 29 de julio de 1837 Mendizabal declara de propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos religiosos. Se ponen en venta los bienes pertenecientes a abandonar sus casas y contemplar cómo su patrimonio pasa a otras manos.

La situación religiosa en el territorio dominado por los liberales e isabelinos fue empeorando. En 1842 Gregorio XVI denuncia en una Encíclica los atropellos cometidos contra la Iglesia Católica en España. En 1851 se firma el Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español, por el que éste reconoce el derecho de la Iglesia a adquirir propiedades, devuelve los bienes confiscados que estaban enajenados y contribuye al sostenimiento del culto y clero. Algunos años más tarde, el 1 de mayo de 1855 el progresista Madoz dicta la “Ley de Desamortización”, que habría de durar hasta septiembre de 1856. La reina Isabel II es destronada en 1868, suceso que provoca la implantación en España de una nueva Constitución republicana (hasta 1873). De nuevo, en 1875 se restaura la Monarquía española con Alonso XII, hijo de Isabel II. En la Constitución de 1876 la religión católica es declarada “religión oficial del Estado”.

A semejanza de lo que ocurría en Europa, un signo de la vitalidad católica española durante el siglo XIX (“subcultura católica”) fue el importante número de congregaciones religiosas que se fundaron en nuestro país. En España, el retorno a la tradición escolástica (adaptación y renovación del tomismo) estuvo representada por algunas figuras de relieve, entre ellas el cardenal Ceferino González, Alejandro Pidal y Mon, el padre Colunga, los dominicos Matías García, Juan González Arintero y María Sola, el presbítero gallego Amor Rubial, los catalanes Rubió i Ors, Duran i Bas o Joseph Torras i Bages (obispo de Vic), considerado el neotomista más eminente de la época. Los destacados apologetas del catolicismo que encontramos en España se llamaron Jaime Balmes (1810-1912), Antonio María Claret y otros. Al lado de católicos de talante tradicionalista, como los mencionados, tampoco faltaron hombres de Iglesia –clérigos y laicos- liberales y progresistas (Diego Muñoz Torrero, Joaquín Lorenzo Villanueva, por citar algunos), de reconocida influencia en el liberalismo hispánico. Por lo demás, diversas instituciones españolas iban a irradiar nuevas ideas en ese contexto de restauración. El “Ateneo de Madrid” (fundado en 1820, disuelto en 1823, restaurado en 1835). El resurgimiento de las culturas regionales es otra de las señales que aparecen en la segunda mitad del s. XIX.

Fue desigual la suerte que siguieron las Órdenes monásticas tras las medidas de exclaustración y desamortización. Una prueba de ello es que, a partir de 1835 desaparecía definitivamente el Orden monástico español de San Basilio, comúnmente conocido como los “monjes basilios”.

La persistencia de las leyes desamortizadoras y de la supresión de los religiosos reportó un progresivo deterioro de los monasterios y conventos vacíos, su expolio y, en algunos casos, hasta su ruina. Algunos cenobios pasaron a manos de particulares, que los destinaban a los más variados usos o, simplemente, los abandonaban a la suerte que el tiempo les deparase. Hubo monasterios que vendrían a engrosar con el paso del tiempo los bienes del Estado, otros aumentarían las propiedades de los Obispados o de las Congregaciones religiosas. La desamortización causó la expoliación y la merma de muchas de las bibliotecas monásticas algo que después iba a repercutir poderosamente en las economías, y en el patrimonio cultural monástico. Expoliados, robados, vendidos…, importantes fondos documentales fueron a parar a bibliotecas provinciales, a Obispados, al Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional, a la Real Academia de la Historia, o a manos de particulares; una parte del material se perdía para siempre, o iba a engrosar los bienes de las bibliotecas extranjeras. Naturalmente, todos los monasterios no padecieron la misma suerte. (En general fueron los monasterios cistercienses y jerónimos los más perjudicados por la expoliación de sus archivos y bibliotecas. Dígase lo mismo en cuanto a mobiliario, objetos sagrados y obras de arte). Los frailes y los monjes exclaustrados intentaron rehacer su vida por caminos muy diversos, unos refugiándose en los monasterios extranjeros que tuviera la Orden (excepto en el caso de los Jerónimos), algunos vinculándose a las diócesis o a diferentes instituciones religiosas, otras acudiendo a sus familias de origen, o volviendo al estado secular.

La vuelta a los claustros, digamos la restauración de la vida monástica, iba a transcurrir de manera desigual entre las Órdenes. La incorporación de los monjes a la vida regular se llevaría a cabo según lo permitiesen las circunstancias particulares (número de miembros, estado material de los edificios, rentas, bienes, propiedades, cargas preservadas, etc.) Los primeros abades restauradores pondrán empeño, lo primero, en resolver las condiciones de habitabilidad del lugar, despejar el horizonte económico y velar por las observancias. La restauración de la vida monástica se efectuó en medio de enormes dificultades y sacrificios, pues era mucho lo que se había roto y perdido. En líneas generales, esta empresa iba a ser una restauración de la etapa anterior, aunque con mayores restricciones. En cualquier caso, podemos afirmar que en el siglo XIX se abre una nueva etapa en el monasterio español.





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